La clase política, es responsable, por acción y omisión,
de los más graves ataques que sufren los bienes y derechos tutelados por el ordenamiento jurídico. El deterioro de la calidad de vida, la pérdida de bienes y renta, el desempleo, la enfermedades y muertes ocasionadas por el estrés y los accidentes que sufren la sociedad, tienen como denominador común Y fundamental, la crisis económica provocada por la omisión de funciones y colaboración de la clase política. Por tanto, es absolutamente necesario que los políticos respondan penalmente de su gestión como respondemos el resto de los ciudadanos, con el agravante de que cuentan con poderes especiales que no tenemos el resto de mortales, como es la mayor capacidad jurídica que les proporciona la posibilidad de aprobar y derogar leyes o la mayor capacidad económica que les proporciona la facultad de crear o modificar tributos. Mientras no se establezca la responsabilidad penal a quienes disponen de una especial y superior capacidad económica y jurídica en el cumplimiento de sus compromisos sociales, no será posible eliminar la delincuencia y corrupción de la política.
No hay comentarios:
Publicar un comentario